El CSIF no acudió a la mesa de negociación convocada en Sada

El sindicato mayoritario cree que la reunión para tratar las reclasificaciones no es válida

El Concello, UGT y CC. OO. accedieron a negociar la situación laboral de la Policía Local

CSI-CSIF y CIG plantan la reunión sobre las reivindicaciones de los funcionarios

El CSI-CSIF, sindicato que cuenta con la mayoría absoluta en la junta de personal de Sada, no ha acudido a la mesa de negociaciones celebrada ayer argumentando que «no es considerada válida». Su delegado sindical, José Manuel Probaos, sostiene que «la convocatoria no cumple lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público. Ni siquiera se acompaña la documentación relativa a lo que se pretende tratar».

Además, según el delegado del CSIF, existen otras anomalías en la convocatoria. «Los puestos de telefonista y operario no son plazas funcionariales, sino puestos de trabajo de personal laboral, y por lo tanto, consideramos que no procede tratar este punto en la mesa de negociaciones», señaló Probaos, que ayer trasladó su posición al gobierno local de Sada poco después de que se celebrase la mesa de negociaciones.

Por su parte, el concejal de Régimen Interior, y Obras, Francisco Montouto, calificó de «sorpresa» la ausencia de los responsables del CSIF en la mesa de negociaciones convocada por el gobierno local.

Más diferencias

Otro de los aspectos que ha movido a los representantes de CSIF a no acudir a la mesa de negociaciones es que «es obligatorio convocar las plazas funcionariales y los puestos laborales previamente ofertados. El desconocimiento de la ley no excusa de su cumplimiento». Por último, José Manuel Probaos, señaló que «no corresponde a la mesa de negociación estudiar ni analizar posibles modificaciones de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) sino llegar a otro tipo de acuerdos sobre las condiciones laborales». «No se nos convoca para negociar», aseguró. «No puede desconocerse el nombramiento de nuevos funcionarios, que ya han firmado unas condiciones que no pueden cambiarse».

Fuente: La Voz de Galicia

El plus de altos cargos sube un 2% y puede llegar ya a 14.400 euros al año

El sobresueldo aumenta al hacerlo el complemento de destino de los directores generales que se utiliza de referencia

Piden a la Xunta que asigne una partida específica en sus cuentas para saber el coste de la medida

Los funcionarios que ocuparon altos cargos durante dos años consecutivos o tres alternos y que han solicitado el complemento salarial incorporado a la última reforma de la Lei da Función Pública se beneficiarán este año de un incremento del 2% en esa retribución. Este ajuste procede del aumento aplicado en la Ley de Presupuestos del Estado del 2008 al complemento de destino para los directores generales (15.015 euros brutos), que es el concepto que se toma como referencia para determinar el importe del plus para los ex altos cargos de las Administraciones públicas gallegas. Ese importe es la diferencia entre el complemento de destino que cobran en su ocupación actual como funcionarios y los 15.015 euros que la ley les reconoce hasta su jubilación por haber sido altos cargos.

El repunte del 2% se traduce en un incremento del complemento de destino para esos ex altos cargos que, en función del nivel que tenían reconocido como funcionarios, oscilará entre 69 y 282 euros al año. Por ejemplo, un alto cargo del nivel 30, el más alto en los cuerpos generales de la Administración, pasará de ingresar 3.494 euros anuales más gracias al plus a cobrar en este ejercicio 3.564. Esta es la cifra que utiliza la Xunta para minimizar el impacto del complemento retributivo, aunque el importe se multiplica en las escalas inferiores. En el caso más extremo, un funcionario que haya ocupado un alto cargo y que pertenezca al cuerpo de subalternos (niveles 10, 12 y 14) tendrá un incremento en el plus de 257 a 282 euros respecto al 2007, por lo que percibirá este año a través del complemento de destino entre 13.125 (nivel 14) y 14.419 euros (nivel 10) más que otro funcionario que desempeñe la misma labor, según los cálculos del Movimento pola Igualdade no Emprego Público.

Docentes y sanitarios

La equiparación retributiva que pactaron los tres grupos parlamentarios para su inclusión en la Lei da Función Pública 13/2007 reportará un sobresueldo sustancial a los ex altos cargos que trabajan en la educación y la sanidad pública. En el ámbito sanitario, un ATS (grupo B) que haya sido alto cargo y que perciba el plus verá incrementados sus ingresos por ese concepto en 229 euros, y cobrará este año por complemento de destino 11.674 euros más que su compañero de trabajo. Si se trata de un médico (grupo A), la diferencia con otro que no haya ocupado esos cargos de designación política será de 10.321 euros. En la docencia, un maestro de primaria (grupo B) que tenga reconocido el plus de altos cargos contará con una inyección retributiva de 10.700 euros de la que carecerán sus compañeros. Entre los profesores de secundaria (grupo A), el plus les reportará este año 9.121 euros adicionales.

De acuerdo con los datos oficiales facilitados esta semana por la Consellería de Presidencia, en los seis meses transcurridos desde la aprobación de la Ley 13/2007 ha recibido 100 solicitudes de ex altos cargos que reclaman el plus, de las que el departamento que dirige Méndez Romeu ha aceptado 76 y ha rechazado 24 por no cumplir los requisitos exigidos.

Fuente: La Voz de Galicia

Cien ex altos cargos reclaman el plus desde el polémico cambio de la ley

La Xunta acepta 76 peticiones, pero desestima 24 por no cumplir el demandante los requisitos

FUNCIÓN PÚBLICA

 

Un centenar de ex altos cargos han demandado el polémico plus salarial, tras el cambio de la Lei de Función Pública, en julio pasado, que les permitirá, con dos años de trabajo de alta dirección o tres discontinuos, disfrutar de unos 14.000 euros anuales, frente a los 11.700 que venían percibiendo, medida a la que se opone frontalmente el sindicato CIG, que recoge firmas para derogar la medida mediante una iniciativa legislativa popular.

El sindicato nacionalista llegó a pedir en su momento la dimisión del propio conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, mientras que la directora xeral de Fomento e Calidade da Vivenda, Encarna Otero, anunció en público su renuncia a percibir el plus. El Bloque, tras votar primero a favor, trató de rectificar esta posición en las semanas posteriores para, finalmente, pactar el desarrollo del diálogo entre Presidencia y la CIG para aminorar la crisis.

José Luis Méndez Romeu aseguró ayer que del centenar de solicitudes, 76 han sido admitidas y las 24 restantes rechazadas por no cumplir los requisitos. El motivo de la denegación radica en que o bien el puesto que acreditan no está considerado de alto cargo, o bien el demandante no ha cesado todavía en su ejercicio o está ya jubilado, según fuentes de la Consellería de Presidencia. Méndez Romeu, que facilitó los datos durante la firma de un acuerdo con los sindicatos CIG, CC.?OO. y UGT, por el que se fijan criterios de excepcionalidad para cubrir puestos de trabajo de libre designación, se mostró convencido de que el sindicato nacionalista logrará las firmas necesarias para que se debata la iniciativa popular en la Cámara gallega. Presidencia aseguró que al plus de 14.000 euros previsiblemente accederán 300 funcionarios de la Xunta, al amparo de la nueva ley. En sentido amplio podrían beneficiarse de la subida unos 4.000, procedentes de otras Administraciones, mediante el Estatuto Básico del Empleado Público.

Fuente: La Voz de Galicia

El BNG suaviza su propósito de derogar el plus de altos cargos y defiende ahora su clarificación

Función pública

Los nacionalistas no presentaron finalmente la enmienda para abolir esa paga

La CIG sostiene que Presidencia quiso evitar la iniciativa legislativa pero rechazó frenar la retribución

Un sobresueldo de 3.500 a 14.136 euros para 4.000 funcionarios

El rechazo al plus de los altos cargos que el BNG convirtió en su bandera en el inicio del curso político se diluye. Los nacionalistas, que en septiembre llegaron a remitir un argumentario a la militancia en el que alegaban «non estar de acordo con ese aspecto», no presentaron finalmente la enmienda a la Lei de Orzamentos anunciada entonces para derogar el sobresueldo que beneficiará a unos 4.000 ex funcionarios que ocuparon altos cargos. En su lugar, el BNG apuesta ahora por que la iniciativa legislativa popular impulsada por la CIG propicie un debate «sen demagoxia» que clarifique el marco retributivo.

El Bloque es la única fuerza política que ha expresado reticencias públicamente sobre el plus incorporado a la Lei da Función Pública 13/2007 por medio de una disposición adicional, la número 17, que aprobaron los tres grupos parlamentarios. Los nacionalistas asumieron a la vuelta del verano el «malestar social creado» por una consolidación retributiva que, en función del nivel del funcionario, puede superar los 14.000 euros brutos anuales. Algún cargo significado, como la directora xeral de Fomento e Calidade da Vivenda, Encarna Otero, llegó a manifestar su renuncia a percibir ese plus. La determinación del BNG a «rectificar» y promover la abolición de ese complemento vía Orzamentos provocó incluso fricciones con sus socios en el bipartito. Pero esas intenciones no se han concretado.

El portavoz parlamentario nacionalista, Carlos Aymerich, explica que, en lugar de la enmienda prevista, se pactó «unha serie de encontros entre Presidencia e a CIG» para buscar un acuerdo. La central sindical nacionalista ha sido uno de los frentes más activos en la denuncia del plus, lo que, unido al malestar social, forzó el cambio de discurso en la dirección del Bloque.

Del malestar a la «demagoxia»

Aymerich, que recuerda que hay otra vía para tratar el plus con la nueva ley del funcionariado prevista para los próximos meses, sostiene que la iniciativa legislativa, que requiere el aval de 15.000 ciudadanos, es «unha boa ocasión para plantexar o debate e que o marco de retribucións dos altos cargos sexa claramente coñecido pola cidadanía, e evitar a demagoxia que se produce cando non hai a información suficiente», argumenta.

Fuente: La Voz de Galicia

«Cultura sí, Mausoleo non» critica que altos cargos nombrados por el PP continúan en la Xunta

ALTOS CARGOS

Este colectivo dicen unos mil puestos de libre designación de los populares siguen siendo «de confianza» para PSdeG y BNG

El colectivo «Cultura sí, Mausoleo non» ha denunciado hoy que 1.000 puestos de libre designación nombrados por el PPdeG son también «de confianza» para PSdeG y BNG, ya que siguen ocupando su puesto en la Xunta.

Para el colectivo, los «autores intelectuales» y los funcionarios «mudos, ciegos y sordos» de los «desastres» del PP en la Xunta continúan trabajando en los departamentos de la Administración pública, «principalmente» en las Consellerías de Medio Ambiente, Sanidad y Cultura, asegura en un comunicado.

En este sentido, la Plataforma reclama a la Xunta «coherencia política» y «transparencia» con el dinero público sobre la situación de «asesores jurídicos, jefes de servicio, subdirectores y gerentes» que «actuaron», según este colectivo, en mesas de contratación, comisiones de selección y tribunales.

En la nota, la asociación sostiene que «no se podrá hablar de cambio» en Galicia hasta que se convoque un concurso para cubrir estos puestos.

Fuente: La Voz de Galicia

El Parlamento abre la vía para derogar el plus de altos cargos

Acepta tramitar una iniciativa de la CIG que precisa del aval de 15.000 firmantes

La Cámara gallega abrió ayer la vía a la posible supresión del plus de los altos cargos de la Xunta medio año después de que la misma institución acordara crear dicho complemento salarial, que asciende a un máximo de 15.000 euros anuales. La Mesa del Parlamento, reunida ayer, aceptó tramitar una iniciativa legislativa popular que se propone impulsar la Confederación Intersindical Galega (CIG) y que necesita reunir 15.000 firmas para que sea debatida por el pleno.

El texto legislativo registrado por la CIG el pasado mes de octubre contiene tan solo dos artículos en los que se propugna abolir la disposición adicional decimoséptima de la Lei da Función Pública, en la que se regula el citado sobresueldo para los funcionarios que desempeñen un alto cargo en la Administración autonómica.

La luz verde dada a la iniciativa legislativa popular se produjo después de que se subsanaran unos defectos formales que contenía el texto sindical y de que se delimitase la metodología para recoger las firmas. La propuesta para suprimir el plus de altos cargos es la segunda iniciativa de estas características que se tramita en O Hórreo en lo que va de legislatura, después de la proposición de ley para la protección de los ríos.

Pero aunque la CIG reúna las firmas que necesita, no está garantizado ahora mismo que su proyecto de ley vaya a imponerse en el hemiciclo. De hecho, no hay que olvidar que el plus fue aprobado con el apoyo de PP, PSOE y BNG y solo los nacionalistas se mostraron dispuestos a reconsiderar su posición.

Fuente: La Voz de Galicia

Los jefes de servicio de la Diputación se `rebelan´ por las diferencias salariales

Once de los doce responsables de los departamentos presentaron el jueves una reclamación porque cobran al mes 667 euros menos que uno de los trabajadores de su mismo nivel y que los jefes eventuales.

Los jefes de servicio de la Diputación provincial de A Coruña denuncian que cobran al mes 667 euros menos por el concepto de complemento específico que el responsable del Servicio de Asistencia Económica a Municipios y que los jefes de servicio que son contratados de forma eventual.

Los responsables de los departamentos, que todos los meses suman a su sueldo 1.944 euros por este plus, aseguran que el organismo público “incumple los principios de igualdad y proporcionalidad en la retribución del complemento específico” porque pertenecen al mismo nivel que la persona que cobra 2.611 euros mensuales de complemento específico. Algunos de los funcionarios de los niveles más altos cobran más de 36.000 euros anuales (seis millones de pesetas) por pluses.
Once de los doce jefes de servicio presentaron el jueves en la Diputación un escrito mediante el que exigen al pleno que tenga en cuenta sus exigencias a la hora de aprobar definitivamente el presupuesto general, el cuadro de personal y la relación de puestos de trabajo para 2008. Los funcionarios que firmaron el documento suman a su sueldo anual 27.216 euros en concepto de complemento específico, mientras que el jefe de Servicio de Asistencia Económica a Municipios cobra al año por el plus 36.557 euros. “La solución justa en este trámite para nuestros puestos de trabajo consiste en la regularización a un plus de 36.557 euros, que resulta equitativo”, subrayan los jefes de servicio en el documento que presentaron al pleno de la Diputación.

Además, los trabajadores del organismo compararon la cantidad que reciben por ese concepto con la que cobran personas que se sitúan en niveles próximos al que ellos ocupan, el 28. Así, el tesorero, que pertenece al nivel 30, percibe anualmente 38.915 euros; el adjunto a jefe de servicio (nivel 26), 25.090 euros; y el periodista (nivel 24), 27.124 euros.

Responsables de servicio que firmaron la protesta aseguraron a LA OPINIÓN que lo que pretenden con el escrito es que conste su reclamación, pero reconocieron que no esperan una rectificación por parte de la Diputación. “Las conversaciones por vía jurídica no prosperaron y llegamos a esto”, comentó el responsable, al tiempo que subrayó que no pretenden crear una “confrontación”. El organismo provincial rehusó analizar las exigencias de los trabajadores.

Fuente: La Opinion

El personal de gabinete de la Xunta triplica el que figura en sus cuentas

 

Los asesores y el personal de confianza que trabajan en los gabinetes de las consellerías no afloran en el proyecto de Orzamentos de la Xunta para el 2008. Al menos, no en su totalidad. Las cuentas solo recogen 50 puestos, cuando en realidad hay 184 contratados. Así lo denuncia Bautista Vega, secretario confederal de Relacións Institucionais de la CIG, que acusa al bipartito de «rebaixar no papel» el número de empleados en los gabinetes. Se trata de personal de confianza que cesa de forma automática cuando lo hace el presidente, vicepresidente o el conselleiro que los nombró de forma discrecional.

La central sindical nacionalista objeta que del discurso que PSOE y BNG defendían desde la oposición, en cuanto a la rebaja del personal de gabinete y el control del gasto en asesores, solo queda «a ilusión óptica» en los Orzamentos, que vuelven a insistir en la cifra de 50 cargos de confianza, «nun intento do bipartito de ocultar unha realidade que contradí o que sempre defenderon» socialistas y nacionalistas. La CIG recuerda que el actual conselleiro de Medio Rural, el nacionalista Alfredo Suárez Canal, llegó a presentar una moción en el Parlamento «para que non fosen máis de dous os membros dos gabinetes por consellería e tres para o presidente da Xunta».

La realidad está muy lejos de esos números. Según el informe elaborado por la central sindical, 52 personas figuran como personal de gabinete del presidente. Vicepresidencia tiene 17 contratados con esa condición; Presidencia, 18; Economía, 9; Política Territorial, 13; Educación, 9; Innovación, 9; Medio Rural, 9; Cultura, 11; Sanidade, 8; Pesca, 8; Medio Ambiente, 7; Traballo, 8; y Vivenda e Solo, 8.

Contra la Lei de Transparencia

La CIG advierte también que el bipartito lleva más allá «o despropósito e o escurantismo» en relación con los cargos de confianza e incumple la Lei de Transparencia, que obliga a difundir el salario del personal de los gabinetes en la página web de la Xunta. Sucede así por parte de las consellerías de Innovación, Cultura y Pesca, que no publican la relación nominal con las retribuciones públicas percibidas y los diferentes conceptos retributivos de las personas que trabajan en los gabinetes como personal de confianza.

Entre los salarios divulgados en la web de la Xunta, la retribución bruta anual más elevada corresponde a un jefe de gabinete (57.948 euros) y la más modesta, a un empleado con funciones logísticas (11.628 euros). La relación de contratados incluye personas que tienen vinculación partidista con el conselleiro que los nombra y muchos son concejales. En otros casos se trata de la primera experiencia laboral del empleado y también hay algunos con una relación de parentesco con conocidos dirigentes políticos, como la semana pasada denunció el PP para contraatacar el eco mediático creado por la presencia del cuñado de Rajoy, Manuel Fernández Balboa, en la comisión que investiga la gestión del Gaiás.

Los 50 miembros de personal de gabinete que reseñan los Orzamentos tampoco se ajustan a los 5,53 millones que las consellerías reservan para gastos de personal eventual, ya que el sueldo medio sería de 110.000 euros por contratado.

• Economía explica que la cifra de contratados varía a lo largo del año y que se asigna una partida global

Fuente: La Voz de Galicia

Profesores de oposiciones a interventor dan los cursos de la Xunta para ejercer

Un grupo de colegiados presentará una queja ante los Gobiernos autonómico y central. El Colegio de Interventores no ve incompatibilidad porque los docentes del curso selectivo “no evalúan” a los aspirantes.

La imparcialidad en el desarrollo de unas oposiciones vuelve a estar en el punto de mira. Un grupo de interventores denuncia que profesores de oposiciones a la subescala de Secretaría-Intervención, de la escala de funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional, imparten también los cursos selectivos y obligatorios de la Xunta para poder ejercer. Esto implica que una vez superados los tres exámenes de las oposiciones, los aspirantes todavía tienen que pasar un curso en la Escola Galega de Administración Pública (EGAP), que en el caso de suspender tendrán que repetirlo al año siguiente pese a haber aprobado las oposiciones. La nota lograda en este curso selectivo, superado por la práctica totalidad de los opositores, hace media con los exámenes de la oposición, por lo que puede determinar el destino de los aspirantes a interventor.

La transparencia del proceso queda regulada en el artículo 1.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado 364/1995, que prohíbe que los órganos de selección estén formados por funcionarios que hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.

Los promotores de la protesta trasladarán por escrito su queja a los Gobiernos central y autonómico por el “incumplimiento” de “la imparcialidad” y “la objetividad” del proceso selectivo, ya que -aseguran- los preparadores de aspirantes a interventores, que empezaron a impartir los cursos en la EGAP esta semana, pueden “favorecer” a sus alumnos o “perjudicar” a los que fueron a otras academias.

Desde el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de A Coruña, su presidente, Juan Bautista Suárez Ramos, descarta una incompatibilidad por parte de los docentes que estén impartiendo estos cursos selectivos de la EGAP y hayan sido preparadores de aspirantes a interventor porque -según afirma- su tarea sólo es la de formar y no evaluar a los opositores. “La incompatibilidad se daría si además de hacer la tarea formativa también evaluasen, pero eso no es así”, sentencia Suárez Ramos.

El grupo de interventores que denuncia esta situación advierte de que aunque los docentes que hayan sido preparadores de las últimas oposiciones, convocadas en octubre de 2006, y ahora imparten el curso selectivo no evalúen -aunque se preguntan “cómo puede ser que otro profesor vaya a evaluar sobre una materia que no ha impartido”- viola igualmente los criterios de imparcialidad y objetividad del proceso selectivo. “La ley es tajante en este sentido. No pueden participar en el proceso selectivo”, argumentan. Según denuncian, los funcionarios que imparten los cursos de la Xunta para poder ejercer y han sido preparadores incurren en “una falta muy grave”, susceptible de sanción de separación del servicio previo expediente disciplinario.

Para los denunciantes de esta supuesta incompatibilidad, detrás se esconde “un negocio”: “Los opositores se pueden decantar por un centro de formación u otro según los docentes de los cursos sean o no juez y parte del posterior curso selectivo en la EGAP”.

Fuente: La Opinion

La CIG da inicio en el Parlamento a la iniciativa legislativa popular contra el plus de los altos cargos

 

La dirección de la CIG inició ayer en el Parlamento gallego el proceso para poner en marcha una iniciativa legislativa popular contra la subida del plus de los altos cargos. Los sindicalistas necesitarán 15.000 firmas para trasladar el debate al Parlamento gallego, lo que esperan conseguir sin dificultad, según indicó el secretario xeral de la organización nacionalista, Xesús Seixo.

Seixo aseguró que se había reunido con el grupo parlamentario del BNG y que los socialistas habían rehusado el encuentro, lo que indicaría a las claras su posicionamiento en contra de posibles acuerdos para suprimir el plus, del que a priori se beneficiarán unos 5.000 funcionarios por haber sido altos cargos, así como alcaldes, presidentes de la Diputación y diputados autonómicos.

El sindicato se muestra en contra del «mérito político» como criterio para otorgar una retribución a los funcionarios, como complemento de destino y una vez que se incorporen al servicio activo. Creen que «é superior á do máximo nivel de carreira administrativa, obedecendo a circunstancias xa pasadas e polas que foron compensadas no seu momento cunha maior retribución».

La CIG argumentó que la disposición adicional 17.ª revela una concepción poco democrática de la Administración y del servicio público, «ao crear unha fenda entre o funcionario de carreira e o resto de persoas que desempeñen cargos públicos».

Fuente: La Voz de Galicia

La CiG acusa a Quintana de elegir con tribunales políticos al personal

 

El sindicato nacionalista denuncia que el vicepresidente convoca pruebas “sin bases, sin temarios y sin ningunas garantías”.

La CIG acusó ayer al vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, de “huir de los mecanismos de las oposiciones públicas para entrar a trabajar en la Xunta”. Las declaraciones del sindicato nacionalista se producen tras la publicación en el Diario Oficial de Galicia de la convocatoria de 30 plazas para personal temporal en la Administración autonómica.

Según la central sindical, bajo la bandera del Consorcio Gallego de Servicios e Igualdad y Bienestar, se anuncia el proceso de selección de personal laboral temporal “para funciones y servicios que eran desempeñados por funcionarios públicos”.

La CIG advierte de que estos puestos de trabajo podrían continuar siendo desarrollados por funcionarios, y denuncian que Quintana “prefiere que sean dirigentes del BNG los que escojan a la personas que trabajen en este organismo”.

Entrevista personal

El sindicato afirma que “son ya cientos las personas contratadas bajo la metodología de contratos temporales para las galescolas o para el consorcio seleccionadas por tribunales políticos”. Además, considera que Vicepresidencia concede prioridad a la entrevista personal en el proceso de selección, de modo que los puntos obtenidos en esta prueba son “determinantes” para ganar la plaza.

Según el sindicato nacionalista, los entrevistadores son cargos “nombrados a dedo” por Quintana. “El primero y cabeza visible -denunció- el señor Lois Castrillo”, que es el gerente del Consorcio Gallego de Servicios e Igualdad y Bienestar.

El sindicato considera que el número dos del Gobierno gallego convoca pruebas “sin bases, sin temarios y sin ningunas garantías”, informa Efe.

Fuente: La Opinion

Los partidos critican que los altos cargos no acuden al Parlamento

En lo que va de legislatura se han aplazado 236 declaraciones en comisiones o plenos por la inasistencia de miembros del Gobierno.

PP, PSdeG y BNG acordaron ayer presentar a la Xunta una protesta formal para denunciar la reiterada inasistencia de altos cargos a las comisiones en las que son requeridos para dar respuesta a las iniciativas de los grupos parlamentarios.

Así lo decidieron los tres partidos después de que la Comisión de Educación y Cultura no pudiera celebrarse ayer por la mañana por la ausencia de miembros del bipartito, como la secretaria xeral de Política Lingüística, Marisol López, que no dio cuenta de su falta hasta minutos antes de la reunión, según informó el presidente de la comisión, el nacionalista Bieito Lobeira. Además, las dos únicas preguntas que podrían haberse realizado debido a que sólo asistió el director xeral de Difusión Cultural, Luís Bará, tuvieron que ser también aplazadas por la ausencia del interpelante, el diputado del BNG Xosé Ramón Paz Antón, que creía que la convocatoria era por la tarde y se encontraba en la Comisión de la Cidade da Cultura que en ese momento se celebraba en otra de las salas del Pazo do Hórreo.

Tras dar lectura a las declaraciones transmitidas por los altos cargos de la Xunta para justificar su inasistencia, Bieito Lobeira denunció que “esta actitud no es de recibo” y, por ello, avanzó su intención de proponer a la mesa de la comisión una protesta formal al Gobierno para que “no se vuelva a repetir”, un planteamiento que recabó el acuerdo de los grupos, informa Europa Press.

La situación de ayer no es nueva. En los más de dos años de legislatura se han aplazado hasta 236 declaraciones en la Cámara -199 en comisiones y 37 en plenos- debido a la ausencia de los comparecientes (en su mayoría, altos cargos o miembros del Gobierno) o de los propios interpeladores, aunque estos últimos casos fueron los menos.

Bieito Lobeira recordó ayer las reiteradas ocasiones en las que se han tenido que modificar los órdenes del día de las comisiones debido a los compromisos de los miembros del bipartito y subrayó que “el Parlamento debería estar por encima de todo”. En este sentido, aunque reconoció que el actual Reglamento de la Cámara permite retrasar las iniciativas en función de la disponibilidad de los miembros del Gobierno, advirtió de que “lo cierto es que desde el punto de vista político cabe otra lectura”. “El Parlamento debería estar por encima de cualquier otro compromiso”, aseveró. No obstante, desde el BNG subrayan que este “grave incumplimiento” del trabajo parlamentario no es superior a lo que ocurría durante el Gobierno del PP.

Tras la protesta nacionalista, PP y PSdeG coincidieron en demandar “explicaciones” al Ejecutivo, si bien en diferentes grados de denuncia, ya que frente al “desprecio global” por el Legislativo que el PP imputó a la Xunta, el PSdeG apoyó dar una “llamada de atención”, pero rechazó el “apocalíptico” discurso popular.

Fuente: La Opinion Coruña

El Bloque presentará una enmienda de adición a la Lei de Orzamentos para derogar el plus de los altos cargos

 

El BNG sigue decidido a aprovechar la Lei de Orzamentos para intentar abolir la consolidación del complemento de destino para unos 4.000 funcionarios que ocuparon altos cargos en las Administraciones gallegas. Aunque el proyecto legislativo que el Consello de la Xunta aprobó el jueves no contempla ninguna medida en esa dirección, con la que ya han discrepado abiertamente tanto el presidente como el conselleiro de Presidencia, el grupo nacionalista pretende llevar adelante su propósito en la fase de tramitación parlamentaria de los Presupostos. Para ello, presentará una enmienda de adición a la ley, que negociará con socialistas y populares.

El portavoz nacionalista, Carlos Aymerich, explicó ayer que, al margen del recorrido que pueda tener esa enmienda, «había que aproveitar esta oportunidade e facer ese debate sobre as retribucións de cargos públicos e altos cargos, para crear confianza na sociedade». La consolidación retributiva facilitará que los funcionarios que ocuparon altos cargos desde 1981, y que como tales fueron elegidos con criterios políticos, puedan percibir hasta su jubilación un complemento de destino máximo de 14.721 euros, con independencia de la labor profesional que desempeñen fuera de la Administración. Esto se traduce en un sobresueldo que oscila entre los 3.494 euros al año para un alto cargo de nivel 30 hasta los más de 9.000 si se trata de funcionarios docentes y sanitarios. Ese complemento fue incorporado a la reforma de la Lei da Función Pública 13/2007 a través de la disposición adicional 17, pactada por los tres grupos parlamentarios, incluido el nacionalista, que ahora quiere derogar el plus que apoyó.

La dirección del Bloque remitió en septiembre un escrito a su militancia en el que proclamaba que «ao non estarmos dacordo con ese aspecto da reforma da lei, e conscientes do malestar social creado, o Grupo Parlamentar do BNG ten a disposición, nun marco de diálogo cos outros grupos, para chegar a unha reformulación da mesma». En todo caso, expertos en Derecho consideran que la ley crea un derecho adquirido en el plus de altos cargos que tiene ya carácter irreversible.

Fuente: La Voz de Galicia