Los alcaldes exigen a Vicepresidencia que facilite la gestión local de las galescolas

PSOE y PP se imponen en la Fegamp a los «matices» del BNG para recriminar las «interferencias» a su autonomía

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La Fegamp reclama diálogo. El presidente de la Fegamp ha remitido al vicepresidente una carta en la que le pide que, ante la elaboración de la Lei de Servizos Sociais, tenga en cuenta al municipalismo como «peza fundamental» en el desarrollo del sistema público de servicios sociales y atención a la dependencia.

Los representantes del PSOE y el PP en la ejecutiva de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) impusieron ayer su postura crítica frente a los «matices» que, según el presidente del órgano que representa a los 315 alcaldes, el socialista Carlos Fernández, expresaron los miembros del BNG para recriminar a Vicepresidencia que no haya recabado la opinión de los concellos en el borrador de la Lei de Servizos Sociais. Fernández advirtió que el municipalismo defenderá «con uñas e dentes» su autonomía y competencias frente a medidas unilaterales «que obrigan aos concellos e interfiren nas súas disposicións». Incidió en el malestar de los alcaldes por los «problemas» con el departamento de Quintana para gestionar las galescolas.

A preguntas de los periodistas sobre la posición del alcalde de Lugo, José López Orozco (PSOE), que supedita la entrada en el Consorcio de Servizos Sociais a que Vicepresidencia garantice la gestión municipal de las escuelas infantiles, el presidente de la Fegamp recordó que hay un compromiso para que los concellos puedan ocuparse de esos centros o bien dejar que lo haga la Xunta. Fernández objetó que «os alcaldes están tendo problemas». A modo de ejemplo, describió el caso de su concello, Ames. Señaló que, aunque su gobierno apuesta por que las dos escuelas infantiles sigan siendo de titularidad municipal, afronta una merma en la asignación presupuestaria para su gestión. Fernández aseguró que, ante la demanda de «moitos alcaldes», el órgano municipalista tratará el asunto en la próxima reunión de su ejecutiva.

En relación al anteproyecto de Lei de Servizos Sociais, Fernández rechazó la idea de que el plazo de exposición pública de alegaciones, anunciado el 30 de enero en el Diario Oficial de Galicia, sea la fórmula adecuada para que la Fegamp aporte sus «ideas e suxestións» a un texto que afecta al municipalismo «de xeito tan importante».

«Falta de respecto»

Carlos Fernández, que ha remitido una carta a Quintana en la que apela al diálogo entre Administraciones, reprocha que «non é de recibo» el argumento de que algunos concellos quieren más ladrillo y menos servicios sociales. Insistió en que lo que se discute es la interferencia en los presupuestos de los concellos por parte de la Xunta. Estas objeciones forman parte del informe en el que la Fegamp fundamenta su rechazo al anteproyecto de la Lei de Servizos Sociais, al que achaca una «falta de respecto» a la autonomía municipal, con decisiones que «condicionan o gasto dos concellos noutros ámbitos ata deixar completamente anulada a autonomía dos entes locais para deseñar os seus propios orzamentos». Critica que el texto no contemple la participación de los concellos en la Mesa de Servizos Sociais, en lo que ve una pretensión de «apartar do proceso de toma de decisións ás Administracións que máis experiencia teñen na materia».

Contra la política de vivienda

La reprobación de la política de vivienda completó el pleno del área nacionalista en las objeciones de la Fegamp. Su presidente lamentó que tampoco se ha contado con los concellos para elaborar el borrador de la Lei de Vivenda. Sostuvo que ese texto, las Normas do Hábitat y la Lei de Medidas Urxentes «poden facer inviable a edificación nos concellos». Fernández apostó por que la reserva del 40% del suelo para pisos protegidos sea general en los municipios de más de 20.000 habitantes y no para cada sector. Vivenda ya modificó la norma para que el resto de los concellos destinen entre el 20 y el 30% a pisos de precio tasado. Además, a petición de la Fegamp, los alcaldes podrán seguir vendiendo si lo desean del 50% del aprovechamiento urbanístico que ceden los promotores.

Fuente: La Voz de  Galicia

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